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Carta de Rafael Barajas Durán "el Fisgón" en respuesta a
la carta de los 650 "intelectuales"
El jueves 17 de septiembre, un grupo de
650 exfuncionarios, empresarios, comentaristas,
artistas, científicos e investigadores, divulgaron un
documento titulado “En defensa de la libertad de
expresión”, en el que sostienen que ésta se encuentra
“bajo asedio” en nuestro país y que con ello “está
amenazada la democracia”. Critican el discurso
presidencial porque “estigmatiza”, “difama”, “agravia a
la sociedad”, “degrada el lenguaje público”, “rebaja la
tribuna presidencial”, “profiere juicios y propala
falsedades” y “siembra odio y división” en México.
Acusan, además, que tras las palabras del
presidente Andrés Manuel López Obrador “han llegado la
censura, las sanciones administrativas y los amagos
judiciales a los medios y publicaciones independientes”,
y atribuyen una declaración desafortunada de Paco
Ignacio Taibo II (Director del Fondo de Cultura
Económica), –hecha a título personal y de la que se
retractó de inmediato– al efecto de los dichos del
mandatario.
Los firmantes aprovechan la oportunidad
para denostar al jefe de Estado porque, según ellos, “ha
despreciado la lucha de las mujeres y el feminismo” y
“el dolor de las víctimas por la violencia”, “ha
ignorado los reclamos ambientalistas, ha lesionado
presupuestalmente a los organismos autónomos, ha tratado
de humillar al Poder Judicial y ha golpeado a las
instituciones culturales, científicas y académicas”.
La amplia y libre difusión que ha
alcanzado el texto de marras niega de manera contundente
su principal aserto: que la libertad de expresión está
“bajo asedio”. En los más de 21 meses transcurridos
desde el 1 de diciembre de 2018 nadie ha sido presionado
al silencio por el Ejecutivo Federal, ningún informador
u opinador ha sido hostigado, despedido, detenido,
procesado, torturado, desaparecido o asesinado por
consigna de la Presidencia y el debate público está más
vivo y vibrante que nunca en la historia moderna del
país. Lo que es claro es que los firmantes querrían
suprimir ese debate, amordazar al Presidente y
reinstaurar el monólogo y la verdad única que imperó
hasta hace dos años bajo el corrupto régimen neoliberal
y el aparato mediático oligárquico en el que muchos de
los firmantes aparecían como amos y señores del
pensamiento, el análisis y la crítica y que imponía un
monólogo legitimador de saqueos, violencia de Estado,
corrupción, frivolidad y desaseo electoral. Estamos,
pues, ante un exhorto que supuestamente llama a defender
la libertad de expresión y que es, en realidad, un
llamado a amordazar al mandatario más legítimo que ha
tenido México desde hace muchas décadas.
Los autores del desplegado no pueden
demostrar un solo acto de censura porque no lo ha
habido. Su único argumento es una sanción administrativa
impuesta a la empresa editora de Nexos, no por lo que se
publica en ella sino porque falsificó un documento del
Infonavit. No hay tampoco “amagos judiciales” a “medios
y publicaciones independientes” sino la revisión general
de los vínculos corruptos e inmorales entre el poder
público y empresas privadas que fueron distintivo del
régimen anterior, independientemente de que las segundas
fueran productoras bienes de consumo, servicios o
publicaciones.
Otro tanto puede decirse de
organizaciones “ciudadanas” que eran en realidad
tapaderas para el saqueo del erario, el lavado de dinero
y la privatización indebida de bienes públicos y de
facultades y responsabilidades gubernamentales. Es
sabido que algunos de esos membretes usaron como máscara
la filantropía, las causas de género, el ambientalismo y
hasta la defensa de los derechos humanos, pero no por
ello deben gozar de impunidad y mucho menos conservar
sus privilegios indebidos. En cuanto a las pretendida
“lesión presupuestal” a organismos autónomos”, el
escrito hace referencia a las políticas de austeridad
establecidas por el gobierno federal a las que se
resisten los directorios de algunos de esos organismos,
cuyos miembros se han beneficiado de la opacidad, el
despilfarro, las percepciones principescas y las
prestaciones obscenas e injustificables en el contexto
de carencia en el que vive más de la mitad de la
población.
Quienes por décadas endilgaron adjetivos
infamantes, despreciaron las luchas del pueblo, hicieron
campañas de odio y descrédito en contra de los
opositores –fueran candidatos presidenciales, campesinos
en lucha, víctimas de la violencia o maestros en
resistencia–, quienes ensalzaron hasta la ignominia a
gobernantes corruptos y criminales, hoy temen que “el
odio llegue al río”; una vez más exhiben su elitismo y
su desconocimiento del pueblo de México y de su
civilidad profunda. El perdurable repudio popular que
padecen no es producto de las expresiones presidenciales
sino consecuencia inevitable de su deshonestidad
intelectual y de su complicidad, obsecuencia y
cortesanía para con un grupo gobernante que dejó al país
en ruinas. Aun así, más allá de la repulsa ciudadana, no
tienen nada que temer.
En suma, la supuesta “defensa de la
libertad de expresión” alegada por los firmantes del
documento de marras es, en realidad, un intento por
sacar del debate la voz presidencial, expresión legítima
de la mayoría absoluta de los ciudadanos; sus quejas
apuntan, en realidad, a acotar en forma ilegal e incluso
golpista las facultades y atribuciones legales del
Ejecutivo federal; sus quejas buscan recuperar los
privilegios que han perdido y sus advertencias revelan
el temor que tienen a perder la impunidad absoluta con
la que varios de ellos hicieron grandes negocios al
amparo del poder.
Celebramos y defenderemos con convicción
la irrestricta libertad de expresión que impera en el
país y el estado de derecho que, después de décadas de
criminalidad gubernamental, empieza a convertirse en
realidad en México. Que los firmantes del texto
comentado hablen con plena libertad y que no pretendan
callar a nadie. Su abusivo monopolio de la palabra ya
terminó y no volverá nunca. |
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