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18 de Marzo, Día de la Expropiación Petrolera
Discurso del Presidente Lázaro Cárdenas
Palacio Nacional, a 18 de marzo de 1938.
A la Nación:
La actitud asumida por las compañías petroleras negándose a obedecer el
mandato de la Justicia Nacional que por conducto de la Suprema Corte las
condenó en todas sus partes a pagar a sus obreros el monto de la demanda
económica que las propias empresas llevaron a los tribunales judiciales por
inconformidad con las resoluciones de los Tribunales del Trabajo, impone al
Ejecutivo de la Unión el deber de buscar en los recursos de nuestra
legislación un medio eficaz que evite definitivamente, para el presente y
para el futuro, el que los fallos de la justicia se nulifiquen o pretendan
nulificarse por la sola voluntad de las partes o de alguna de ellas mediante
una simple declaratoria de insolvencia como se pretende hacerlo en el
presente caso, no haciendo más que incidir con ello en la tesis misma de la
cuestión que ha sido fallada.
Hay que considerar que un acto semejante destruiría las normas sociales que
regulan el equilibrio de todos los habitantes de una nación, así como el de
sus actividades propias, y establecería las bases de procedimientos
posteriores a que apelarían las industrias de cualquier índole establecidas
en México y que se vieran en conflictos con sus trabajadores o con la
sociedad en que actúan; si pudieran maniobrar impunemente para no cumplir
con sus obligaciones ni reparar los daños que ocasionaran con sus
procedimientos y con su obstinación.
Por otra parte, las compañías petroleras, no obstante la actitud de
serenidad del Gobierno y las consideraciones que les ha venido guardando, se
han obstinado en hacer, fuera y dentro del país, una campaña sorda y hábil
que el Ejecutivo Federal hizo conocer hace dos meses a uno de los gerentes
de las propias compañías, y que ese no negó, y que han dado el resultado que
las mismas compañías buscaron: lesionar seriamente los intereses económicos
de la nación, pretendiendo por este medio hacer nulas las determinaciones
legales dictadas por las autoridades mexicanas.
Ya en estas condiciones no será suficiente, en el presente caso, conseguir
los procedimientos de ejecución de sentencia que señalan nuestras leyes para
someter a la obediencia a las compañías petroleras, pues la substracción de
fondos verificada por ellas con antelación al fallo del Alto Tribunal que
las juzgó, impide que el procedimiento sea viable y eficaz; y por otra
parte, el embargo sobre la producción o el de las propias instalaciones y
aun el de los fondos petroleros implicarían minuciosas diligencias que
alargarían una situación que por decoro debe resolverse desde luego, e
implicarían también, la necesidad de solucionar los obstáculos que pondrían
las mismas empresas, seguramente, para la marcha normal de la producción
para la colocación inmediata de ésta y para poder coexistir la parte
afectada con la que indudablemente quedaría libre y en las propias manos de
las empresas.
Y en esta situación de suyo delicada, el Poder Público se vería asediado por
los intereses sociales de la nación que sería la más afectada, pues una
producción insuficiente de combustible para las diversas actividades del
país, entre las cuales se encuentran algunas tan importantes como las de
transporte, o una producción nula o simplemente encarecida por las
dificultades, tendría que ocasionar, en breve tiempo, una situación de
crisis incompatible no sólo con nuestro progreso, sino con la paz misma de
la nación; paralizaría la vida bancaria; la vida comercial en muchísimos de
sus principales aspectos; las obras públicas que son de interés general se
harían poco menos que imposibles y la existencia del propio Gobierno se
pondría en grave peligro, pues perdido el poder económico por parte del
Estado, se perdería asimismo el poder político produciéndose el caos.
Es evidente que el problema que las compañías petroleras plantean al Poder
Ejecutivo de la nación con su negativa a cumplir la sentencia que les impuso
el más Alto Tribunal Judicial, no es un simple caso de ejecución de
sentencia, sino una situación definitiva que debe resolverse con urgencia.
Es el interés social de la clase laborante en todas la industrias del país
la que lo exige. Es el interés público de los mexicanos y aun de los
extranjeros que viven en la República y que necesitan de la paz y de la
dinámica de los combustibles para el trabajo.
Es la misma soberanía de la nación, que quedaría expuesta a simples
maniobras del capital extranjero, que olvidando que previamente se ha
constituido en empresas mexicanas, bajo leyes mexicanas, pretende eludir los
mandatos y las obligaciones que les imponen autoridades del propio país.
Se trata de un caso evidente y claro que obliga al Gobierno a aplicar la Ley
de Expropiación en vigor, no sólo para someter a las empresas petroleras a
la obediencia y a la sumisión, sino porque habiendo quedado roto los
contratos de trabajo entre las compañías y sus trabajadores, por haberlo así
resuelto las autoridades del trabajo, de no ocupar el Gobierno las
instituciones de las compañías, vendría la paralización inmediata de la
industria petrolera, ocasionando esto males incalculables al resto de la
industria y a la economía general del país.
En tal virtud se ha expedido el decreto que corresponde y se han mandado
ejecutar sus conclusiones, dando cuenta en este manifiesto al pueblo de mi
país, de las razones que se han tenido para proceder así y demandar de la
nación entera el apoyo moral y material necesarios para afrontar las
consecuencias de una determinación que no hubiéramos deseado ni buscado por
nuestro propio criterio.
La historia del conflicto del trabajo que culminará con este acto de
emancipación económica, es la siguiente:
El año de 1934 en relación con la huelga planteada por los diversos
sindicatos de trabajadores al servicio de la compañía de petróleo El Águila,
S.A., el Ejecutivo de mi cargo aceptó intervenir con el carácter de arbitro
a fin de procurar un advenimiento conciliatorio entre las partes.
En junio de 1934 se pronunció el laudo relativo y en octubre del mismo año,
una sentencia aclaratoria fijando el procedimiento adecuado para revisar
aquellas resoluciones que no hubiesen obtenido oportunamente la debida
conformidad.
A finales de 1935 y principios de 1936 el C. [ciudadano] Jefe del
Departamento del Trabajo, por delegación que le conferí, dictó diversos
laudos sobre nivelación, uniformidad de salarios y casos de contratación,
tomando como base el principio constitucional de la igualdad de salarios
ante igualdad de trabajo.
Con objeto de hacer desaparecer algunas anomalías, citó el propio
Departamento, a una conferencia, a los representantes de las diversas
agrupaciones sindicales, y en ellas se llegó a un acuerdo sobre numerosos
casos que se hallaban pendientes y reservándose otros por estar sujetos a
investigaciones y análisis posteriores encomendados a comisiones integradas
por representantes de trabajadores y patrones.
El Sindicato de Trabajadores Petroleros convocó entonces a una asamblea
extraordinaria en la que se fijaron los términos de un contrato colectivo
que fue rechazado por las compañías petroleras una vez que les fue
propuesto.
En atención a los deseos de las empresas y con el fin de evitar que la
huelga estallara, se dieron instrucciones al Jefe del Departamento del
Trabajo, para que, con la aquiescencia de las partes, procuraran la
celebración de una convención obrero patronal encargada de fijar de común
acuerdo los términos del contrato colectivo y mediante un convenio que se
firmó el 27 de noviembre de 1936.
En tal convención, las empresas presentaron sus contraposiciones y en vista
de la lentitud de los trabajos, se acordó modificar el estudio dividiendo
las cláusulas en económicas, sociales y administrativas para iniciar desde
luego el examen de las primeras.
Las contingencias de la discusión revelaron las dificultades existentes para
lograr un acuerdo entre los trabajadores y las empresas cuyos puntos de
vista se alejaban considerablemente, juzgando las compañías que las
proposiciones de los obreros eran exageradas y señalando a su vez los
trabajadores la falta de comprensión de las necesidades sociales y la
intransigencia de las compañías por lo que la huelga estalló, en mayo de
1937.
Las compañías ofrecieron, entonces y en respuesta a mis exhortaciones,
aumentar los salarios y mejorar ciertas prestaciones y el Sindicato de
Trabajadores, a su vez, resolvió plantear ante la Junta de Conciliación el
conflicto económico y levantó la huelga el 9 de junio.
En virtud de lo anterior, la Junta de Conciliación y Arbitraje tomó
conocimiento de ello y de acuerdo con las disposiciones legales relativas
fue designada con el fin indicado, por el Presidente de la Junta, una
comisión de peritos constituida por personas de alta calidad moral y
preparación adecuada.
La comisión rindió su dictamen encontrando que las empresas podían pagar por
las prestaciones que en el mismo se señalan, la cantidad de $26 332 756,00
contra la oferta que hicieron las 17 compañías petroleras durante la huelga
de mayo de 1937.
Los peritos declararon, de manera especial, que las prestaciones
consideradas en el dictamen quedarían satisfechas totalmente con la suma
propuesta, pero las empresas argumentaron que la cantidad señalada era
excesiva y podría significar una erogación mucho mayor que conceptuaron en
un monto de $41 000 000,00.
Ante tales aspectos de la cuestión el Ejecutivo de mi cargo auspició la
posibilidad de que el sindicato de trabajadores de la industria petrolera y
las empresas debidamente representadas para tratar sobre el conflicto,
llegaran a un arreglo, lo que no fue posible obtener en vista de la actitud
negativa de las compañías.
Sin embargo de ello, deseando el Poder Público una vez más lograr un
convenio extrajudicial entre las partes en conflicto, ordenó a las
autoridades del trabajo que hicieran saber a las compañías petroleras su
disposición de intervenir para que los sindicatos de trabajadores aceptaran
las aclaraciones que habían de hacerse en algunos puntos oscuros del laudo,
y que más tarde podrían prestarse a interpretaciones indebidas y
asegurándoles que las prestaciones señaladas no rebasarían de manera alguna
los $26 332 756,00 no habiéndose logrado a pesar de la intervención directa
del Ejecutivo el resultado que se perseguía.
En todas y cada una de estas diversas gestiones del Ejecutivo para llegar a
una final conclusión del asunto dentro de términos conciliatorios y que
abarcan períodos anteriores y posteriores al juicio de amparo que produjo
este estado de cosas, quedó establecida la intransigencia de las compañías
demandadas.
Es por tanto preconcebida su actitud y bien meditada su resolución para que
la dignidad del Gobierno pudiera encontrar medios menos definitivos, y
actitudes menos severas que lo llevaran a la resolución del caso sin tener
que apelar a la aplicación de la Ley de Expropiación.
Para mayor justificación del acto que se anuncia, hagamos breve historia del
proceso creador de las compañías petroleras en México y de los elementos con
que se han desarrollado sus actividades.
Se ha dicho hasta el cansancio que la industria petrolera ha traído al país
cuantiosos capitales para su fomento y desarrollo.
Esta afirmación es exagerada. Las compañías petroleras han gozado durante
muchos años, los más de su existencia, de grandes privilegios para su
desarrollo y expansión; de franquicias aduanales; de exenciones fiscales y
de prerrogativas innumerables, y cuyos factores de privilegio, unidos a la
prodigiosa potencialidad de los mantos petrolíferos que la nación les
concesionó, muchas veces contra su voluntad y contra el derecho público,
significan casi la totalidad del verdadero capital de que se habla.
Riqueza potencial de la nación; trabajo nativo pagado con exiguos salarios;
exención de impuestos; privilegios económicos y tolerancia gubernamental,
son los factores del auge de la industria del petróleo en México.
Examinemos la obra social de las empresas: ¿En cuántos de los pueblos
cercanos a las explotaciones petroleras hay un hospital, una escuela o un
centro social, o una obra de aprovisionamiento o saneamiento de agua, o un
campo deportivo, o una planta de luz, aunque fuera a base de los muchos
millones de metros cúbicos del gas que desperdician las explotaciones?
¿En cuál centro de actividad petrolífera, en cambio, no existe una policía
privada destinada a salvaguardar intereses particulares, egoístas y algunas
veces ilegales? De estas agrupaciones, autorizadas o no por el Gobierno, hay
muchas historias de atropellos, de abusos y de asesinatos siempre en
beneficio de la empresas.
¿Quién no sabe o no conoce la diferencia irritante que norma la construcción
de los campamentos de las compañías? Confort para el personal extranjero;
mediocridad, miseria e insalubridad para los nacionales. Refrigeración y
protección contra insectos para los primeros; indiferencia y abandono,
médico y medicinas siempre regateadas para los segundos; salarios inferiores
y trabajos rudos y agotantes para los nuestros.
Abuso de una tolerancia que se creó al amparo de la ignorancia, de la
prevaricación y de la debilidad de los dirigentes del país, es cierto, pero
cuya urdimbre pusieron en juego los inversionistas que no supieron encontrar
suficientes recursos morales que dar en pago de la riqueza que han venido
disfrutando.
Otra contingencia, forzosa del arraigo de la industria petrolera,
fuertemente caracterizada por sus tendencias antisociales, y más dañosa que
todas las enumeradas anteriormente, ha sido la persistente, aunque indebida
intervención de las empresas en la política nacional.
Nadie discute ya si fue cierto o no que fueran sostenidas fuertes facciones
de rebeldes por las empresas petroleras en la Huasteca Veracruzana y en el
Istmo de Tehuantepec, durante los años 1917 a 1920 contra el Gobierno
constituido.
Nadie ignora tampoco cómo en distintas épocas a las que señalamos y aún
contemporáneas, las compañías petroleras han alentado casi sin disimulos,
ambiciones de descontentos contra el régimen del país, cada vez que ven
afectados sus negocios, ya con la fijación de impuestos o con la
rectificación de privilegios que disfrutan o con el retiro de tolerancias
acostumbradas.
Han tenido dinero para armas y municiones para la rebelión. Dinero para la
prensa antipatriótica que las defiende. Dinero para enriquecer a sus
incondicionales defensores.
Pero para el progreso del país, para encontrar el equilibrio mediante una
justa compensación del trabajo, para el fomento de la higiene en donde ellas
mismas operan, o para salvar de la destrucción las cuantiosas riquezas que
significan los gases naturales que están unidos con el petróleo en la
naturaleza, no hay dinero, ni posibilidades económicas, ni voluntad para
extraerlo del volumen mismo de sus ganancias.
Tampoco lo hay para reconocer una responsabilidad que una sentencia les
define, pues juzgan que su poder económico y su orgullo les escuda contra la
dignidad y la soberanía de una nación que les ha entregado con largueza sus
cuantiosos recursos naturales y que no puede obtener, mediante medidas
legales, la satisfacción de las más rudimentarias obligaciones.
Es por lo tanto ineludible, como lógica consecuencia de este breve análisis,
dictar una medida definitiva y legal para acabar con este estado de cosas
permanente en el que el país se debate sintiendo frenado su progreso
industrial por quienes tienen en sus manos el poder de todos los obstáculos
y la fuerza dinámica de toda actividad, usando de ella no con miras altas y
nobles, sino abusando frecuentemente de ese poderío económico hasta el grado
de poner en riesgo la vida misma de la nación, que busca elevar a su pueblo
mediante sus propias leyes aprovechando sus propios recursos y dirigiendo
libremente sus destinos.
Planteada así la única solución que tiene este problema, pido a la nación
entera un respaldo moral y material suficiente para llevar a cabo una
resolución tan justificada, tan trascendente y tan indispensable.
El Gobierno ha tomado ya las medidas convenientes para que no disminuyan las
actividades constructivas que se realizan en toda la República y para ello,
pido al pueblo, confianza plena y respaldo absoluto en las disposiciones que
el propio Gobierno tuviere que dictar.
Sin embargo, si fuere necesario, haremos el sacrificio de todas las
actividades constructivas en las que la nación ha entrado durante este
período de Gobierno para afrontar los compromisos económicos que la
aplicación de la Ley de Expropiación sobre intereses tan vastos nos demanda
y aunque el subsuelo mismo de la Patria nos dará cuantiosos recursos
económicos para saldar el compromiso de indemnización que hemos contraído,
debemos aceptar que nuestra economía individual sufra también los
indispensables reajustes, llegándose, si el Banco de México lo juzga
necesario, hasta la modificación del tipo actual de cambio de nuestra
moneda, para que el país entero cuente con numerario y elementos que
consoliden este acto de esencial y profunda liberación económica de México.
Es preciso que todos los sectores de la nación se revistan de un franco
optimismo y que cada uno de los ciudadanos, ya en sus trabajos agrícolas,
industriales, comerciales, de transporte, etc., desarrollen a partir de este
momento una mayor actividad para crear nuevos recursos que vengan a revelar
cómo el espíritu de nuestro pueblo, es capaz de salvar la economía del país
por el propio esfuerzo de sus ciudadanos.
Y como pudiera ser que los intereses que se debaten en forma acalorada en el
ambiente internacional, pudieran tener de este acto de exclusiva soberanía y
dignidad nacional que consumamos, una desviación de materia primas,
primordiales para la lucha en que están empeñadas las más poderosas
naciones, queremos decir que nuestra explotación petrolífera no se apartará
un sólo ápice de la solidaridad moral que nuestro país mantiene con las
naciones de tendencia democrática y a quienes deseamos asegurar que la
expropiación decretada sólo se dirige a eliminar obstáculos de grupos que no
sienten la necesidad evolucionista de los pueblos, ni les dolería ser ellos
mismos quienes entregaran el petróleo mexicano al mejor postor, sin tomar en
cuenta las consecuencias que tienen que reportar las masas populares y las
naciones en conflicto.
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